Campoy obtiene el respaldo de la Cámara que pide garantizar la accesibilidad digital ante el cierre de oficinas bancarias

Zaragoza, 7 de septiembre de 2021.- El cierre masivo de oficinas bancarias en Aragón, más 800 en los últimos doce años, ha dejado sin acceso directo a este servicio básico a casi 56.000 aragoneses sin que las Administraciones públicas hayan reaccionado con la misma diligencia con la que se eliminaron las sucursales. Por eso, esta tarde en la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón, el portavoz del Partido Popular en esta área, Javier Campoy, planteó al Ejecutivo autonómico garantizar la accesibilidad digital de los consumidores a las entidades financieras que operan en el mercado regional y, especialmente, de la gente mayor que vive en el medio rural y carece de oficina bancaria en su municipio.

Con los votos favorables de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU a la propuesta del Partido Popular, la mayoría parlamentaria manda un mensaje concreto al Gobierno de Aragón para que active diferentes medidas que faciliten, fundamentalmente a las personas mayores de los pequeños y medianos municipios, la realización de gestiones bancarias que antes formalizaban de manera presencial.

Con una tasa de población mayor de 65 años superior 21,7%, un índice de sobre envejecimiento del 20% y una estructura del medio rural amenazada por cambios demográficos es evidente, señalan en el Partido Popular, que el mapa de servicios en Aragón debe reconfigurarse hacia la actualización lo que incluye sanidad, educación, atención social pero también la relación con la banca. Según destacó el portavoz popular de Economía en su iniciativa ‘resulta meridianamente claro que Aragón avanza en un proceso continuo de exclusión financiera a consecuencia de una reestructuración bancaria que está amenazando la presencia de oficinas en muchos de los ayuntamientos aragoneses, mayoritariamente rurales, lo que repercute de manera muy negativa en el bienestar de la población’.

Unas afecciones negativas que, detalló, ‘afectan a la economía de Aragón, fundamentalmente en lo que respecta a servicios, hostelería y comercio’ y también ‘a los vecinos de los municipios que se deberán desplazar a sucursales de otros municipios para realizar cualquier gestión o trámite bancario que precisen’.

Campoy recordó además que la atención a las comarcas rurales y la lucha contra su despoblación ‘pasa por el mantenimiento y consolidación de los servicios básicos, y en mayor medida en zonas en las que existe un problema demográfico. Es por eso por lo que los poderes públicos no pueden permanecer ajenos a procesos que están suponiendo un mayor empobrecimiento del medio rural’.