10 de junio de 2025.- La Comisión de Bienestar Social y Familia ha aprobado una iniciativa del Partido Popular que reclama al Gobierno de España la adopción urgente de medidas que mejoren la atención y la gestión de los servicios de la Seguridad Social en Zaragoza, ante la situación de colapso y demoras que sufren actualmente los ciudadanos.
Se estima que en la provincia de Zaragoza hay más de 3.500 solicitudes del ingreso mínimo vital pendientes, más de 1.400 expedientes de incapacidad sin tramitar y más de 800 solicitudes por nacimiento bloqueadas. Silvia Casas, portavoz de Bienestar Social y Familia, ha denunciado que “la Seguridad Social se ha convertido en un laberinto sin salida y quienes más lo necesitan son los últimos en ser atendidos”.
Esta situación ha sido denunciada incluso por los directores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, quienes, por primera vez en su historia, se han visto obligados a convocar paros y huelgas para exigir soluciones. “La ministra Elma Saiz niega el colapso y mientras los profesionales dan la cara, ella les da la espalda”, ha criticado Casas. “Además, la plantilla está envejecida, sobrecargada y cada vez más mermada y el Gobierno les asigna nuevas competencias sin los recursos necesarios, empujando al sistema hacia el colapso, como ocurrió con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital”.
La diputada popular ha puesto de ejemplo positivo lo que ocurrió en Aragón con la gestión de la dependencia. “Cuando aquí las listas de espera eran insostenibles, el Gobierno de Aragón aprobó planes de choque, reforzó plantillas y agilizó los procedimientos. Hoy, por primera vez desde que se aprobó la ley, los expedientes se resuelven en el plazo legal máximo de seis meses”.
Por ello, la iniciativa popular insta al Gobierno de España a poner en marcha un plan de choque específico para Zaragoza, que incluya refuerzo urgente de personal estable y cualificado, la actualización de la relación de puestos de trabajo, que lleva más de 30 años sin ser actualizada, recursos materiales y tecnológicos adecuados al siglo XXI, y algo tan básico como abrir un diálogo serio con los trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
“El Gobierno de España debe asumir su responsabilidad y actuar de inmediato. El Estado del Bienestar no puede sostenerse si uno de sus pilares fundamentales está al borde del colapso”, ha concluido Silvia Casas.
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