2 de junio de 2025.- La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy una iniciativa del Partido Popular por la que se insta al Gobierno de España a apoyar y defender al sector veterinario frente a los efectos negativos del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. El Partido Popular también ha votado a favor de dos iniciativas presentadas en la Comisión en este mismo sentido, de Chunta Aragonesista y Vox en Aragón.
El portavoz popular de Agricultura, José María Giménez, ha señalado que este decreto aprobado por el Gobierno de España “supone un atentado contra la actividad profesional de los veterinarios, al imponer una normativa alejada de la realidad del día a día, con mayor burocracia, escasa flexibilidad y sin diálogo previo con los afectados”.
“Este decreto”, ha advertido Giménez, “ignora la experiencia y el conocimiento de nuestros profesionales, limita su capacidad de actuación, especialmente en animales de compañía, e impone un régimen sancionador desproporcionado que puede arruinar a muchos técnicos por simples errores administrativos”.
Entre 2014 y 2022, el consumo de antibióticos se ha reducido en casi un 70% gracias al impulso del sector ganadero y el trabajo coordinado de productores y veterinarios “Estamos comprometidos con una administración responsable de la medicación, pero no se puede legislar desde un despacho sin conocer el terreno”, ha añadido el diputado.
Por ello, la iniciativa popular solicita al Gobierno de España la creación de una mesa de diálogo con todos los agentes implicados, la moratoria en la aplicación del Real Decreto 666/2023 hasta alcanzar un consenso, la simplificación de los trámites y plataformas digitales para declarar el uso de medicamentos. Así como, la derogación del actual régimen sancionador y su sustitución por uno más proporcional y la revisión y actualización de los prospectos de medicamentos.
“El Partido Popular defiende una sanidad animal eficaz, moderna y ajustada a la realidad, y por eso exigimos al Gobierno de España que escuche y respete al sector veterinario, clave para la salud pública, el bienestar animal y el desarrollo del medio rural”, ha concluido Giménez.
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