Las Cortes instan a iniciativa del PP al Gobierno de España a informar sobre el acuerdo UE-Mercosur y a que aseguren la salud del consumidor final

El portavoz de Agricultura del PP, José María Giménez, ha insistido en que todos los requisitos que se exigen tienen el objetivo fundamental de "proteger a nuestros agricultores y ganaderos"

José María Giménez, portavoz de Agricultura del PP en las Cortes
José María Giménez, portavoz de Agricultura del PP en las Cortes

03 de febrero de 2025.- La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de las Cortes de Aragón ha aprobado una iniciativa del Partido Popular por la que se pide al Gobierno de Aragón que inste al Gobierno de España a convocar, con carácter urgente, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, para que el ministro Planas informe del acuerdo UE-Mercosur y su impacto en el sector agrario español. Además, que se asegure que los productos agroganaderos cumplan con la trazabilidad establecida en España, para asegurar la salud del consumidor final; con la misma normativa en la aplicación de productos fitosanitarios, hormonales o medicamentosos; y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

También se pide que la Unión Europea busque la flexibilización de las políticas medioambientales ante el posible perjuicio que pueden tener algunos sectores productivos y que se promuevan las modificaciones en la PEPAC actual.

El portavoz de Agricultura del PP, José María Giménez, ha insistido en que todos los requisitos que se exigen tienen el objetivo fundamental de “proteger a nuestros agricultores y ganaderos ante el impacto en el sector agrario de estos acuerdos y por supuesto asegurar que la calidad de los productos importados no supongan ningún riesgo para la salud de los consumidores”.

El Gobierno de Sánchez es de los pocos que ha defendido este acuerdo. Francia, Polonia y Países Bajos han mostrado su rechazo, “al igual que nuestros agricultores y ganaderos”, señala Giménez, “ya que se les obliga a cumplir un gran número de exigencias productivas, sanitarias y sociales, que generan un aumento en los costes de producción y una competencia desleal al no exigir lo mismo a los países del sur”.

“Con esta propuesta”, concluye Giménez, “pedimos que el Gobierno de España colabore para que nuestros productores no vean amenazada su persistencia económica y que se fortalezcan la rentabilidad y competitividad de nuestras explotaciones agroganaderas”.

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