Marín pide a Sanidad hacer cumplir el contrato de transporte sanitario

La portavoz popular de Sanidad apela a la responsabilidad del Gobierno con los profesionales de las emergencias sanitarias

Ana Marín, en la comisión de Sanidad
Ana Marín, en la comisión de Sanidad

Afea a la consejera de inhibirse frente a un problema con repercusiones negativas sobre los usuarios

Zaragoza, 29 de octubre de 2021.- Ana Marín, portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes de Aragón, urgió esta mañana a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón a asumir su responsabilidad frente a la huelga que desde hace siete meses mantienen los profesionales de las emergencias sanitarias. Movilizaciones provocadas fundamentalmente por los incumplimientos de contrato cometidos por la empresa adjudicataria del servicio, denuncian los populares, a los que se suma una doble negativa del Departamento de Sanidad: por un lado a exigir la ejecución del pliego de prestación del servicio tal y como se firmó y, en segundo lugar, a escuchar las propuestas de mejora que plantean a los trabajadores.

No resulta razonable para Marín, y así se lo trasladó a la titular del Departamento de Sanidad en la comparecencia que a propuesta de los populares tuvo lugar hoy en el Parlamento autonómico, que el Gobierno aragonés se escude en la empresa adjudicataria para inhibirse de la responsabilidad directa que le obliga con el cumplimiento de un servicio público, “yo le diré que no, desde el minuto uno no, porque la empresa que firmó con el Gobierno de Aragón esa externalización del servicio no cumple con las condiciones del contrato, y si una de las partes no cumple con lo pactado en un contrato todos cuantos estamos aquí sabemos que ese contrato ya no obliga, ‘se cae’, deja de tener validez, deja de tener la fuerza del requerimiento y puede ser disuelto por la parte que sí ha cumplido”.

Como explicó la diputada no es la voluntad del Partido Popular la rescisión del contrato, “es más, antes de llegar a esta situación, antes de llegar a que ese contrato se extinga por incumplimiento de una parte y voluntad de la otra, lo que debe hacer la parte que sí cumple, la que paga que es el Gobierno de Aragón es exigir a la otra que cumpla y es lo que ustedes, desde el principio, no han hecho y ese es su gran fallo, el mayor, el más grande que ustedes han cometido”.

Más allá de los aspectos laborales Ana Marín quiso también resaltar las repercusiones negativas que para los pacientes obligados a utilizar el transporte sanitario público provoca la actitud de ‘brazos cruzados’ del Gobierno aragonés, “los grandes perjudicados los trabajadores, esos a los que muchos grupos de aquí defienden pero solo de boquilla, y los siguientes grandes perjudicados los usuarios”.

La portavoz popular de Sanidad reivindicó el trabajo y la responsabilidad demostrada por estos profesionales sanitarios, primero con el trabajo ejemplar desarrollado en los meses más duros de la pandemia pero también durante estos siete meses de movilizaciones sin consecuencias directas en la prestación del servicio a los enfermos. Un reconocimiento expreso que, sin embargo, no impidió a la diputada manifestar su discrepancia con algunas de las reivindicaciones de los trabajadores como es la funcionarización, “cuando el Partido Popular nos hemos reunido con los técnicos de emergencias sanitarias siempre les hemos dicho la verdad, siempre les hemos dicho que era una cuestión que había que estudiar, sopesar, medir, no les hemos mentido, les hemos escuchado y les hemos dicho la verdad”.

Si asume de principio a fin otras propuestas de los trabajadores como son la creación de unas bases de operaciones fijas para acortar el tiempo de respuesta ante una emergencia, el reconocimiento de la categoría laboral de Técnico de Emergencia Sanitaria lo que significaría una mejora en sus condiciones de trabajo y retributivas, la existencia de una dotación mínima de dos técnicos de emergencias sanitarias por ambulancia lo que permitiría mejorar notablemente las técnicas de inmovilización o de extracción del paciente de un vehículo en caso de accidente, también facilitaría las labores de subir o bajar al enfermo de la camilla, garantizaría la atención al paciente durante el traslado y evitaría que el enfermo viajara sólo en la parte trasera del vehículo. Finalmente, el cumplimiento de la ratio de una ambulancia por cada 25.000 habitantes, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), es para los populares otra justa reivindicación.

“Señora consejera, lo repito por si no ha quedado lo suficientemente claro, si usted firma un contrato con una empresa, contrato que contiene condiciones laborales para un tercero y condiciones de atención para un cuarto, y ese contrato no se cumple, la potestad para exigir su cumplimiento y en su caso disolverlo lo tiene usted como parte firmante del contrato. De primero de Derecho”, trasladó Ana Marín a la titular del Departamento de Sanidad, a la que además sugirió “contar con los trabajadores” en la redacción de las condiciones para el nuevo servicio de transporte sanitario que ya prepara el Gobierno de Aragón y que deberá resolver en los próximos meses para que entre en funcionamiento en agosto de 2022.

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