Orós: “Con la dependencia, a Lambán se le ha caído la ‘s’ de social”

La portavoz popular de Ciudadanía critica los pésimos resultados obtenidos por el Ejecutivo aragonés en el informe del Observatorio de la Dependencia, después de seis años gobernando

Orós en imagen de archivo
Orós en imagen de archivo

Denuncia además la “expulsión” de pymes y autónomos en la concertación de servicios sociales

Zaragoza, 6 de abril de 2021.- “El discurso de Lambán, por la vía de los hechos, ha demostrado que la ‘s’ de social se ha caído del discurso. Y sobre todo en un momento en el que cientos de personas vulnerables lo están pasando especialmente mal”, señaló Marian Orós como conclusión a la gestión de la dependencia por parte del Gobierno de Aragón durante el año 2020.

Un ejercicio especialmente complejo para todas las comunidades autónomas debido a la irrupción de la COVID-19, pero donde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales queda especialmente mal parado en el último informe del Observatorio de la Dependencia que compara las prestaciones y servicios en las distintas regiones.

La portavoz popular de Ciudadanía lleva meses alertando del retroceso en la cobertura y menor efectividad de las políticas sociales en Aragón en áreas especialmente sensibles como las rentas mínimas, la atención a la dependencia y a la discapacidad; el “cierre de los servicios sociales” llegó a denunciar Orós el pasado mes de septiembre, y buena parte de los datos del balance 2020 publicado por la entidad sin ánimo de lucro Fedea confirman que así ha sido: 1.419 dependientes menos atendidos respecto a 2019, 1.599 plazas perdidas en atención residencial que en Aragón supone una parte relevante de las prestaciones, desaparición del 12% del empleo vinculado a la dependencia, casi 3.300 aragoneses esperando a que el Gobierno autonómico conteste a su solicitud de prestación, otros 5.200 que la tienen oficialmente reconocida pero que no la reciben, más de año y medio de promedio para gestionar estas ayudas, y por quinto año consecutivo bajada en el gasto público por dependiente, “y dice el observatorio que estos datos lo que hace es que Aragón se desplome a valores del año 2015, en el tramo más bajo de toda España”, muy por debajo de la media nacional para legar a una cifra reveladora, “en Aragón han fallecido cuatro personas al día esperando una prestación o servicio, y de las 934 que han abandonado el ‘limbo’ de la dependencia el 76% lo han hecho por fallecimiento”.

Los pésimos resultados en la atención a la dependencia consecuencia directa de los casi seis años de gestión exclusiva del gobiernos presididos por el PSOE en Aragón cuestionan a fondo un modelo que deja en segundo lugar a los grandes dependientes para priorizar a quienes sufren una dependencia moderada, “en vez de dar plazas en residencias, en vez de dar prestaciones vinculadas al servicio para poder ir a los centros de día, en vez de dar ayudas a domicilio lo que se está dando son pequeñas paguitas, por llamarlo de alguna manera, a los entornos familiares que son mucho más baratas porque es menos costoso, y por tanto el poco incremento que ha habido ha sido sólo en esas prestaciones en el entorno familiar y, como les decía, estamos un 20% por debajo de la media en el ámbito del gasto por persona dependiente”. Una gestión de la que deberá rendir cuentas el próximo viernes ante el Parlamento autonómico la titular del Departamento de Ciudadanía a petición de los populares.

EL GOBIERNO DISCRIMINA A PYMES Y AUTÓNOMOS

A la gestión deficiente que sufren las personas que solicitan estas ayudas el Gobierno aragonés añadió recientemente otro elemento de tensión al vetar del modelo actual de concertación a autónomos y pymes, “en Aragón se está expulsando a más de cien entidades que son pymes y autónomos, ya que el 75% de las entidades que gestionan las residencias que no son ni fundaciones ni son sin ánimo de lucro son pymes y autónomos que asientan territorio, que generan empleo estable y no deslocalizable y que son verdaderos hogares para nuestros mayores” denuncio Marian Orós, que también llevará esta severa discriminación del Gobierno al pleno que las Cortes de Aragón celebran esta semana.

Esta decisión del Ejecutivo resulta inexplicable porque, como recriminó la portavoz popular de Ciudadanía, “está mirando la titularidad de quién presta el servicio en lugar de mirar por la calidad del servicio”.

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