El Partido Popular solicita al Gobierno de España la no revisión del delito de sedición

Los populares instan al presidente del Gobierno y al Gobierno de España a cumplir, acatar y respetar la Constitución.

22 de noviembre de 2022.- El grupo municipal del Partido Popular ha presentado para su debate en el próximo pleno del Ayuntamiento de Teruel una propuesta instando al presidente del Gobierno y al Gobierno de España a no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga rebajar el delito de sedición y a cumplir, acatar y respetar la Constitución Española, aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que no tienen cabida ni la sedición ni los referendums ilegales y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la misma según el cual “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas”.

Para los populares turolenses, con el anuncio de la reforma del delito de sedición, el Gobierno de España retoma un peligroso precedente: el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, “aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial”.

Además, de llevarse a cabo esta reforma, el Gobierno de España estaría participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional de España, argumentan desde el grupo municipal popular.

“Ante tales circunstancias, es tiempo de solicitar el Gobierno de España y a su presidente que ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y de sus instituciones y, por tanto, no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, han hecho y hacen todo lo posible por menoscabarla. Los intereses generales de la nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del Gobierno o de quien ostente su presidencia”, concluyen.