El PP exige al Gobierno de España una financiación suficiente para garantizar la educación especial y la inclusión real

9 de abril de 2026.- La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha reclamado hoy al Gobierno de España una financiación suficiente, estable y adecuada para garantizar una inclusión educativa real y proteger la educación especial, durante la presentación de una Proposición No de Ley en defensa de las familias aragonesas y del derecho a elegir la mejor educación para cada alumno.

Allué ha denunciado que la falta de compromiso financiero del Ejecutivo central y los planteamientos de la LOMLOE, especialmente a través de su Disposición Adicional Cuarta que plantea un horizonte de vaciado de los centros de educación especial en un plazo de diez años, están generando incertidumbre, inseguridad y preocupación entre las familias y los profesionales. “Esto lanza un mensaje equivocado a miles de familias y profesionales, como si solo existiera un modelo educativo válido”, ha señalado Allué, quien ha sido tajante: “Desde el Partido Popular no vamos a permitir que se desmantele la educación especial”.

“No se puede hablar de inclusión mientras se recortan recursos y se pone en cuestión un modelo educativo esencial para muchos alumnos”, ha afirmado, subrayando que eliminar opciones educativas “no es incluir, es limitar derechos”.

“La verdadera inclusión no nace de una ideología única ni se impone desde un despacho”, sino que debe atender a la diversidad real del alumnado, ofreciendo los recursos adecuados y respetando las decisiones de las familias. La educación especial es “una herramienta imprescindible para muchos niños con necesidades complejas y no puede ni debe ser arrinconada”.

Frente a este planteamiento, Allué ha puesto en valor el trabajo que se está realizando en Aragón, “la inclusión se construye con hechos y no con discursos”. Ha recordado que el actual Gobierno autonómico ha duplicado el presupuesto destinado a inclusión educativa, pasando de 6 a 12 millones de euros, ha alcanzado cifras récord de personal, con 736 auxiliares y 116 profesionales sanitarios, ha creado plazas estables y ha incrementado en casi un 20 % los profesionales especializados, además de abrir nuevas aulas de educación especial e impulsar proyectos innovadores que mejoran la calidad de vida del alumnado y de sus familias.

“Sin recursos no hay inclusión, solo buenas palabras”, ha afirmado Allué. Esta iniciativa plantea medidas claras: Garantizar que la inclusión se adapte a cada alumno, blindar el papel de los centros de educación especial, proteger el derecho de elección de las familias, ajustar ratios para atender mejor al alumnado y asegurar una financiación suficiente y estable.

“No hablamos de ideología, hablamos de niños, de familias y de derechos. Desde el Partido Popular lo tenemos claro: la educación especial no se cierra, se refuerza; la inclusión no se impone, se construye; y los derechos de las familias no se negocian, se garantizan”, ha concluido la diputada, “porque una sociedad verdaderamente justa es aquella que no deja a nadie atrás, pero tampoco obliga a todos a ir por el mismo camino”.